Autor: Claudia Bernazza; Sabrina Comotto; y Gustavo Longo (FLACSO)
Año: 2015.
La forma de definir, evaluar y fortalecer las capacidades estatales ocupa hoy un lugar central en los debates políticos y académicos, tanto nacionales como internacionales. Una serie de circunstancias -entre ellas, el fracaso de los modelos que promovieron la subsidiariedad de la acción estatal- ha obligado a los distintos foros (incluyendo organismos y sectores asociados a los modelos mencionados) a reconocer que el fortalecimiento de las capacidades estatales constituye una tarea urgente e imprescindible.
En nuestra región, la definición y análisis de las capacidades estatales se vincula a la reasunción, por parte de los Estados latinoamericanos, de roles que durante las décadas anteriores habían sido asumidos por actores del mercado bajo el principio de subsidiariedad que comentábamos. Estados que invierten en obras y servicios públicos, que crean y/o reasumen el control de empresas estratégicas, que ejecutan planes sociales de alcance masivo, que buscan insertarse en el orden internacional sin resignar su soberanía; en definitiva, Estados que se auto-reconocen como actores centrales del desarrollo y despliegan acciones tendientes a reafirmar este rol, configuran el nuevo escenario de lo público.
Sin embargo, si bien se han alcanzado consensos respecto de la necesidad de fortalecer la capacidad estatal, no se verifica un acuerdo análogo respecto de los elementos que la componen, por lo que existen diferencias respecto de cómo analizarla y evaluarla. En la definición de las capacidades estatales parecen coexistir la visión burocrática tradicional (que privilegia el apego a las normas por sobre toda consideración política), el paradigma gerencialista o Nueva Gerencia Pública (que busca asimilar las capacidades de las organizaciones públicas con las que se han estudiado para el ámbito privado) y visiones eclécticas (neoweberianas) que intentan conjugar elementos de ambos modelos para ensayar respuestas que se adapten a las actuales circunstancias.
También subsisten divergencias en cuanto a las metas que deben guiar la evaluación y mejora de las capacidades estatales, ya que la eficiencia puede ser entendida por fuera de las capacidades necesarias para un desarrollo socialmente inclusivo. En cuanto al sujeto responsable de generar los sistemas de evaluación, subsisten voces que promueven esquemas de policy transfer, es decir, transplante de soluciones diseñadas por organismos internacionales o por terceros Estados, mientras emergen voces que promueven esquemas que rescatan la propia experiencia y los aprendizajes situados.
En este contexto, la presente Guía ensaya una definición de capacidades estatales para este tiempo y este sur continental. A partir de esta definición, se intenta contribuir al desarrollo de sistemas de indicadores e instrumentos que permitan medir estas capacidades.
Estos indicadores fueron elaborados considerando su aplicabilidad en distintos niveles de gobierno (nacional, provincial o municipal) y también con diverso alcance dentro de un mismo nivel de gobierno (un nivel en su totalidad, un sector, una jurisdicción, un organismo en particular, un programa). En cada caso, deberán tomarse aquellos indicadores que resulten pertinentes a la unidad observada, teniendo en cuenta las funciones y características propias del o de los organismos o sectores a evaluar, mientras deben desestimarse o adecuarse aquellos que no resulten aplicables o útiles para la evaluación.
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