Autor: CARE Ecuador
Año: 2016
Este documento recoge los resultados de la investigación elaborada por el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) y apoyada por CARE Ecuador, cuyo objetivo fue analizar el rol de las mujeres campesinas, que habitan en diferentes lugares de cinco cantones de la zona norte 1 de Ecuador: Pedro Moncayo (Pichincha), Cotacachi (Imbabura), Mira (Carchi), Putumayo (Sucumbíos) y San Lorenzo (Esmeraldas), en la defensa de la seguridad y soberanía alimentarias, y sus aportes en las fases del proceso productivo agrícola. Al tratarse de mujeres indígenas, afroecuatorianas y mestizas, la perspectiva de género e intercultural fue el punto de partida teórico-metodológico para explorar esta situación.
La soberanía alimentaria fue incluida en la Constitución de 2008 como un “objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente” (Art. 281). Esta incorporación histórica en el marco legal constituye un importante avance, que expresa el carácter transformador de las acciones y las demandas de los pequeños y medianos agricultores y campesinos que contribuyen a visibilizar el debate sobre la problemática agraria en Ecuador. Asimismo, la actual Constitución reconoce el trabajo reproductivo como generador de riqueza, la economía popular y solidaria como parte de la economía al servicio del ser humano y establece el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano. Estos elementos son centrales en la definición del marco nacional y los principios para trabajar por la igualdad de género y la conformación de espacios de diálogo intercultural.
Sin embargo, de ese primer momento de la revolución ciudadana, entendido como una fase constituyente de expectativas y transformaciones democráticas, han pasado ya nueve años. Como muestran las investigaciones sobre el agro realizadas en esta década, la presente coyuntura político-económica del campo ecuatoriano visibiliza una “alianza entre la institucionalidad pública y el capital agroindustrial privado y estatal que promueve una agricultura basada en la producción de agro-combustibles y commodities” (Daza 2015: 1). Frente a este panorama, los pequeños y medianos campesinos aparecen como actores secundarios en las políticas públicas impulsadas por el Gobierno ecuatoriano en tanto son, por lo general, considerados como sectores “pobres”, poco productivos y difícilmente “viables” (Carrión y Herrera 2012). La concentración de recursos productivos: la tierra, el agua para el riego y las semillas, así como las dificultades de acceso al crédito son el resultado de este modelo hegemónico para el campo que socava las bases materiales y las posibilidades de apoyo institucional para lograr la soberanía alimentaria desde y para el campesinado ecuatoriano.
En este marco, los campesinos y campesinas con escasos recursos productivos intentan mejorar sus condiciones de vida fuera del campo. Su migración hacia centros poblados periurbanos o urbanos es un fenómeno en crecimiento, así como la migración temporal o permanente de los jóvenes de zonas rurales en la búsqueda de trabajo o estudios. Muchos de los campesinos que migran son hombres, y aunque logran encontrar mayores ingresos, la precariedad laboral es común.
En este sentido, los resultados de la investigación nos llevan también a plantear que no puede existir la seguridad alimentaria sin niveles crecientes y garantías de soberanía alimentaria. Es decir, la disponibilidad de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de hogares y comunidades no podrá ser estable en el tiempo y culturalmente apropiada si no existe una soberanía local y una organización social justa en cuanto al acceso a los recursos productivos: tierra fértil, agua para el riego, acceso al crédito con fines productivos, disponibilidad de una tecnología adecuada al medio local, iniciativas de conservación y reproducción de semillas de polinización abierta. La soberanía alimentaria implica la posibilidad real de incidencia local en la toma de decisiones sobre las orientaciones de la política pública agraria y productiva para garantizar su adaptación tanto a las necesidades locales como a las condiciones culturales, organizativas y ecológicas de cada territorio.
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